La
crisis financiera mundial tiene responsables concretos y conocidos. Y
aún están pendientes las medidas que pongan un precio a esa
responsabilidad. También están pendientes las decisiones que permitan
transformar el sistema financiero y el actual modelo de desarrollo en un
sistema más equitativo, justo, sostenible y humano. Es lo mínimo que en
el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
podemos reivindicar
Pero mientras tanto, esta crisis ya se está cobrando víctimas. No víctimas simbólicas. Víctimas con nombres y apellidos, más de 1.020 millones de personas entre las poblaciones más vulnerables del planeta,
principalmente en países y zonas muy distantes del parqué de las bolsas
y de las sedes de los grandes bancos e instituciones financieras.
Es
inadmisible, y éticamente reprobable, que las medidas para luchar
contra la crisis financiera se dirijan en contra del Desarrollo Humano y
de los Objetivos del Milenio.
La Ayuda
Oficial al Desarrollo de las Comunidades Autónomas supone de media sólo
8 euros por habitante, una cantidad insignificante, al lado de los 395
euros de gasto militar por habitante contabilizados en 2010.
Sin
embargo, la reducción de los fondos para cooperación llevada a cabo en
las Comunidades Autónomas en 2010 y 2011 ha superado los 160 millones de euros, un retroceso que pone
en grave peligro la realización de proyectos de salud, empoderamiento
de mujeres, educación o alimentación en países empobrecidos.
Por otro lado, las iniciativas que fomentan la sensibilización de una
ciudadanía comprometida con la justicia internacional, la defensa de los
derechos humanos y la equidad social y de género, se ven también
gravemente perjudicadas. El gobierno estatal no ha
estado al margen de estos recortes y entre 2010 y 2011 ha superado los
mil millones de recorte en la política de cooperación
La Ayuda Oficial al Desarrollo no es un lujo para tiempos de bonanza,
ni una limosna para cuando las arcas están llenas. Es una necesidad
vital para millones de personas, es un imperativo ético y moral que
responde a criterios de justicia, además de constituir un compromiso
firmado y una obligación de los poderes públicos.
La sociedad
española ha expresado reiteradamente su compromiso solidario con los más
necesitados y ha de respetarse esa voluntad manifiesta. Y, de manera
significativa, ha expresado su rechazo a la medida de recorte de la
ayuda a los países más empobrecidos.
La lucha contra la pobreza no
puede abandonarse cuando la crisis más afecta a los países
empobrecidos y los gobiernos deben cumplir sus compromisos. En los dos
últimos años y con la excusa de la crisis, estamos asistiendo a un
ataque sistemático a las políticas públicas de solidaridad que las
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos realizan desde la década de
los 90. Bajo la consigna de "cumplir con la normativa en materia de
estabilidad presupuestaria y déficit público", se están realizando
recortes sociales que afectan directamente a las personas más
vulnerables. Desde que se celebraron las elecciones autonómicas en mayo,
esta situación está tomando dimensiones preocupantes.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos tenemos que alertar
sobre lo que podemos considerar el desmantelamiento progresivo del
estado del bienestar y en consecuencia, de las políticas de cooperación.
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